Efraín y otra vez, «lo político por encima de lo jurídico»
Si a algo nos refiere el nombre Víctor Hernández, es a aquel muchacho que el pasado domingo en el programa Santo y Seña narrara, con evidente emoción, los trágicos hechos de aquella noche que diez años atrás lo dejaron parapléjico. Más allá del escenario de donde salió la “bala perdida”, del misterio de quien accionó la cola del disparador, de las erróneas o adulteradas pericias y de las soeces expresiones verbalizadas por el entonces director general del Ministerio del Interior, para con la familia de Hernández, no dejan de sorprender los argumentos que, para explicar lo inexplicable, ensayaron: el hoy senador Charles Carrera, como su fuerza política.
Sin importar lo que diga la Constitución y la ley, una vez más, el socialismo del S.XXI todo lo justifica. Y al mejor estilo de su jefe, “Pepe” Mujica, el senador entiende que, atender al muchacho en el Hospital Policial, durante casi tres años y concederle mensualmente “tickets alimentación” por $U 20.000, es ajustado a derecho porque “se trató de una acción humanitaria excepcional, que cualquier autoridad lo puede hacer…”.
En el Hospital Policial se atiende el policía y su familia, dado que la institución se solventa con lo que percibe el M.I del presupuesto quinquenal, así como de los aportes que mensualmente se le descuenta al personal policial en actividad y retiro. Víctor Hernández no es policía, por lo que no debió ser atendido en ese hospital. Sin embargo, el Ministerio del Interior, por disposición o por iniciativa de Charles Carrera, entre internación, asistencia sanitaria y alimentación de aquel ciudadano, gastó alrededor de U$S 260.000. No debe haber un solo uruguayo que no se conmueva con el “caso Hernández” y sus tristes secuelas, como así también no ha de haber uno que, más allá de lo material, no se fastidie con la desprolijidad, con la falta de profesionalismo, y con la desfachatez de quienes valiéndose de un falso humanismo pretenden hacer parecer lo ilegal como correcto, o ajustado a derecho. La solidaridad es una virtud que nos acerca a los más necesitados y a través de ella los protege. Ahora, cuando se es solidario con la espuria finalidad de “proteger a alguien”, de tratar de “disimular un pésimo procedimiento”, máxime cuando existen otras instituciones -con cometidos de servicio público- que podían brindar la atención sanitaria y alimenticia a Hernández y a su familia, el hecho sencillamente se vuelve inmoral.
“Lo político por encima de lo jurídico”: una consigna que trasciende generaciones. ¡A abrir el ojo…!
